Parte del presupuesto de Petróleos de Venezuela se fue por el desaguadero que representaron un conjunto de cuentas abiertas por exfuncionarios del gobierno de Hugo Chávez en la Banca Privada de Andorra, BPA. Un entramado de corrupción que permitió el cobro de comisiones milmillonarias a empresas extranjeras a cambio de contratos con la estatal venezolana. Un asunto que va para largo y amenaza con involucrar a muchos más de los que hasta ahora se han señalado como responsables.
Desde sus privilegiadas posiciones e influencia política se propusieron como estrategia para hacerse de una gran fortuna el cobro de jugosas comisiones a las empresas que aspiraban contratar con Petróleos de Venezuela, S.A. y sus empresas filiales. El concepto por medio del cual enmascaraban estos pagos fraudulentos era el de hacerlos aparecer como servicios de asesoría. Lo siguiente era idear una trama que permitiera ingresar los millones de euros logrados a través de las coimas en un sistema financiero que les permitiera mantenerse lejos de las miradas escrutadoras de las autoridades. El Principado de Andorra en donde regía el secreto bancario resultó ser el lugar ideal para ocultar los fondos mal habidos. Lo siguiente fue escoger la entidad financiera para llevar a cabo las operaciones y la Banca Privada de Andorra resultó la entidad favorecida. La estrategia consistía en canalizar los pagos a través de una extensa red de empresas ubicadas en Panamá y en las Islas Vírgenes.
Todo parecía perfecto, el lugar escogido era un sitio inimaginable para la mayoría de sus paisanos. De entre el venezolano común, muy pocos sabían de la existencia de ese país ubicado entre España y Francia que funcionaba como paraíso fiscal y era perfecto para ocultar el dinero timado al erario público del país. Para la mayoría, la mayor preocupación está centrada en vislumbrar cómo conseguir alimentos y medicinas, por lo que poco podría importarles indagar sobre aquel sitio. La jugada era maestra.
Pero contaron con que de entre los pocos que sabían de la existencia del Principado, había unos que se mantenían atentos, sobre todo desde 2010 cuando se descubrió que un excomisario de la policía científica venezolana, Norman Puerta, para mayores señas, se había valido de este punto de la geografía europea para legitimar capitales provenientes del narcotráfico. Para no todos, pues, el lugar pasaba desapercibido, sobre todo para la gente de la oficina de Delitos Financieros de Estados Unidos (Fincen) del Departamento de Tesoro de Estados Unidos y los acuciosos investigadores de la prensa española, quienes calladamente trataban en armar el rompecabezas que —eso sí— los audaces diseñadores del plan habían estructurado magistralmente para lavar el dinero producto de las coimas cobradas desde PDVSA por exfuncionarios del gobierno de Hugo Chávez.
Todo explotó el 10 de marzo de 2015.
Ese día fue intervenida la Banca Privada de Andorra (BPA)[1] por decisión del Instituto Nacional de Finanzas de Andorra (INAF) a raíz de la denuncia del Fincen que señalaba que un gerente de la BPA había recibido grandes comisiones por parte de intermediarios venezolanos con el objetivo de crear empresas de papel que sirvieran para legitimar alrededor de unos 2.000 millones de dólares provenientes de la estatal petrolera venezolana. Las operaciones, en total, involucraban el manejo de 4.200 millones de dólares de Venezuela.
Una nota del ABC de España refiere que el ente regulador intervino la entidad financiera ante las denuncias del gobierno estadounidense que señalan a la BPA de “canalizar presuntamente fondos del crimen organizado”. La información agregaba que también Banco de España decidió intervenir el Banco de Madrid, propiedad de la BPA.
Del mismo modo indicó que el Departamento de Delitos Financieros y Control del Tesoro de los Estados Unidos denunció que los directivos de BPA “habrían facilitado transacciones de blanqueo de dinero de personas relacionadas con organizaciones criminales, corrupción y tráfico de personas a través del sistema financiero de Estados Unidos. El organismo estadounidense acusa formalmente a la entidad andorrana de participar de forma activa en el blanqueo de dinero procedente de organizaciones criminales de Rusia, Venezuela y China. Según la acusación de EE. UU., el banco ha participado al parecer a altísimo nivel a la hora facilitar transacciones de la mafia rusa a través de Andrei Petrov”, un mafioso ruso asentado en España.
Las autoridades fiscales estadounidenses informaron que altos funcionarios del gobierno venezolano, agentes panameños y un abogado de Andorra conformaban la trama de corrupción en la que también intervenía un oficial de negocios con la mafia rusa e, incluso, estaban ligados al narcotráfico mexicano a través del cártel de Sinaloa.
La directora de la Red de Lucha contra las Crímenes Financieros (FinCen), .Jennifer Shasky Calvery, señaló que la BPA estaba involucrada en el “lavado de dinero internacional” y mantenía vinculaciones con organizaciones criminales rusas al tiempo que participaba en la creación de empresas pantalla para canalizar fondos de la petrolera estatal venezolana PDVSA. “Los altos cargos corruptos de BPA y los débiles controles contra el lavado de dinero han convertido a la entidad en un vehículo fácil para encaminar fondos procedentes del crimen organizado, la corrupción y el tráfico de personas a través del sistema financiero de EEUU”, reza una nota de la agencia de noticias española EFE.
El despacho de prensa refiere que los ejecutivos de BPA diseñaron “servicios financieros a [la] medida” con el objetivo de que los intermediarios de clientes que buscaban blanquear capitales pudieran “enmascarar los orígenes del dinero” y por ello recibían pagos y otros beneficios por parte de estos clientes.
Específicamente, el Fincen refirió que un gerente de BPA recibió “comisiones desorbitadas” de intermediarios venezolanos con el objetivo de crear empresas de maletín que permitieran el lavado de, por lo menos, 2 mil millones de dólares de PDVSA[2].
El citado organismo norteamericano detalló que están involucrados altos funcionarios del Gobierno, agentes residentes en Panamá y un abogado de Andorra. El gerente de BPA que trabajó para los venezolanos operaba junto a otro oficial encargado de negocios con la mafia rusa. Uno de los lavadores de dinero tenía conexiones con el mexicano cártel de Sinaloa.
Ante la gravedad de los hechos, las autoridades del Principado de Andorra procedieron a la destitución del consejo y tres directivos de BPA, como lo recoge un reporte de Reuters que señala que un portavoz confirmó que el presidente del Gobierno andorrano, Antoni Martí, le comunicó al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, la destitución del consejo. De la destitución de los tres directivos dio cuenta el Instituto Nacional de Finanzas Andorrano[3].
Las autoridades judiciales establecieron que gran parte de los sobornos se cancelaron utilizando para ello sociedades panameñas que estaban controladas por los protagonistas de este entramado de corrupción con cuentas en la Banca Privada de Andorra por las cuales habrían transitado más de 2 mil millones de euros.
El siguiente paso de las autoridades de Adorra fue el arresto de Joan Pau Miquel Prats, uno de siete miembros del consejo de administración de la BPA[4].
Entretanto, en Venezuela, el diputado Julio Montoya aseguró que lo ocurrido en el BPA había permitido que comenzaran “a aparecer los 25.000 millones de dólares de Cadivi” que el exministro de Planificación, Jorge Giordani había confesado que se otorgaron a empresas de maletín. El parlamentario agregó que el discurso con que el gobierno venezolano respondía a las acusaciones repitiendo los argumentos de la invasión de Estados Unidos eran solamente una estrategia con la que el chavismo buscaba tapar el escándalo de Andorra.
Fue así como se conocieron los nombres de los implicados: Diego Salazar, primo hermano del expresidente de PDVSA y exministro de Energía y Petróleo Rafael Ramírez, dedicado a la venta de seguros y reaseguros; Nervis Villalobos, exviceministro de Desarrollo Eléctrico; Javier Alvarado Ochoa, Exviceministro de Energía y expresidente de la eléctrica estatal de Caracas; y el empresario Omar Farías Luces, dueño entre otras compañías de Seguros Constitución.
Pero no solamente los señalados, sino también otros nombres salen a la luz, como lo refiere el Diario El Mundo de España en un Editorial en el que hace mención al informe del Servicio de Prevención de Blanqueo (Sepblac), que indica que la “Constructora Hispánica, Cobra Instalaciones, CAF y Dimetronic habrían pagado unos 90 millones de dólares en comisiones al venezolano Carlos Luis Aguilera Borjas, a cambio de la adjudicación de obras millonarias en el Metro de Caracas. La mordida fue blanqueada en Banco Madrid, la filial de Banca Privada d’Andorra (BPA) intervenida por cooperar con organizaciones criminales en lavado de dinero. Cabe subrayar que Aguilera formaba parte de la ‘guardia de corps’ [guardia de honor-custodios] del presidente Chávez y fue nada menos que el jefe de los servicios de Inteligencia bolivarianos. El Sepblac ha accedido a los contratos de las empresas con Aguilera, fechados en 2008, un momento en el que, no lo olvidemos, el Gobierno español mimaba sus relaciones con el chavismo, lo que se tradujo en suculentas ventas de fragatas y material de Defensa por parte del ministerio que dirigía José Bono. De entrada, cabe exigir a la Justicia una investigación a fondo de la actuación de las citadas sociedades y aprovechar todas las vías legales para perseguir los hechos en nuestro país”[5].
El 20 de marzo de 2015 el diario El País develó el pago de comisiones multimillonarias por contratos públicos a funcionarios chavistas con cuentas en la filial de BPA en Madrid, lo cual se conoció por la publicación de más detalles del informe del Sepblac que precisó que dichos funcionarios figuran entre los clientes de Banco Madrid cuyas cuentas despertaban sospechas por blanqueo de capitales. El reportaje destaca dos operaciones, primero, un contrato para el pago de una comisión del 5,5 por ciento de una adjudicación de la construcción de una central eléctrica a Duro Felguera por más de 1.500 millones de euros y, segundo, comisiones del 4,8 por ciento que varias empresas españolas pagaron por la rehabilitación de la línea 1 del metro de Caracas por importe de 1.850 millones de dólares.
El informe del Sepblac refiere con respecto a Nervis Villalobos, que en 2011 el exviceministro de energía venezolano cedió a una sociedad suya un contrato anterior de Terca con la empresa española Duro Felguera celebrado en 2008 para que la firma española recibiese asesoramiento en “la posible consecución de la obra de una central termoeléctrica de ciclo combinado de 1080 MW”. A las autoridades les llamó la atención que Villalobos estipulara que “el contenido del asesoramiento objeto de este contrato será, generalmente, de forma oral”. Agrega el reportaje sobre esto que “en el contrato de 2008, de solo cuatro hojas, se fijan unos pagos por Duro Felguera de 50 millones de dólares, si bien los honorarios se fijan globalmente en un 5,5% del posible contrato de adjudicación de la planta. Según la nota de Duro Felguera de mayo de 2009, la obra le fue adjudicada por más de 1.500 millones de euros. Con ello, la comisión habría sido de 83 millones de euros”[6].
El informe indica que para justificar los fondos recibidos a su nombre por Banco Madrid Villalobos presentó dos contratos de consultoría del sector eléctrico de dos sociedades controladas por él y su esposa que el Sepblac no son claros.
Esta era, grosso modo, la trama del asunto.
Veamos ahora otros detalles.
Rogatoria del Tribunal de Andorra
Documentos en nuestras manos emanados de la Sección de Instrucción Especializada I de la Bastilla de Andorra a cargo de la jueza de instrucción de delitos económicos del Principado de Andorra, Canólic Mingorance Cairat, que constituyen una rogatoria internacional dirigida específicamente a la Fiscalía General de la República Bolivariana de Venezuela en el año 2012, informa a este último despacho que se encuentran en las diligencias previas que apuntan a indagar la presunta comisión del delito de blanqueo de dineros o valores por parte de Luis Mariano Rodríguez Cabello, Nervis Villalobos Cárdenas y Diego Salazar Carreño.
La jueza se encontraba en una operación rastreo para determinar si la red de Salazar utilizó el conjunto de cuentas que maneja en la BPA para cobrar comisiones ilegales a empresas extranjeras que obtuvieron contratos milmillonarios con Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA).
Las investigaciones periodísticas indican en este sentido, que los protagonistas de esta trama llevaron a cabo maniobras financieras para enviar el dinero desde el Principado de Andorra a paraísos fiscales como Suiza o Belice, para lo cual se valían de una estructura diseñada para enmascarar fondos.
Piden información al Ministerio Público venezolano acerca de si existen investigaciones abiertas por corrupción en contra de Luis Mariano Rodríguez Cabello, Estibaliz Basoa de Rodríguez, Diego Salazar Carreño, Rosycela Díaz Gil, Omar Jesús Farías Luces, José Luis Zabala, José Enrique Luongo Rotundo, Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas, Javier Alvarado Ochoa.
El oficio del Tribunal de Andorra identificado con el número 4103434/2012 precisa que las primeras diligencias realizadas indican que estas personas están involucrados en hechos de corrupción.
También sobre Luis de León Pérez, Julia Van Den Brule, Ingrid Sánchez Rosales, Antonio Salvador Lozano, Albino Ferreras Garza, Francisco Rafael Jiménez Villarroel, Mariela Matheus Baptista, Fidel Ramírez Carreño, Hugo Bolívar Farías, Hercilio Rivas Sierra, José Ignacio de Oyeta, Leonardo Díaz Paruta, Eubén Figuera Olivari, Luis Oberto Anselmi, Ignacio Oberto Anselmi, Eudomario Carruyo.
La solicitud se extiende a las empresas Gasehll International INC, Petroindependencia, S.A., Patrocarabobo, S.A., Administradora Atlantic 17107, Cartera de Activos Cho La Pass 190654, C.A., Welk Holding Limited, Vamshore Enterprises LTD., Memoser Compañía de Seguros. S.A., Wetshore International Limited, Baychester Invesments, S.A., Baluja International Limited, Lutmill International S.A., Fundación Tierramar Hall, Vida I Patrimonio Corretaje de Seguros, S.A., ISB Sociedad de Corretaje de Seguros i Reaseguros, C.A., Lomond Overseas, S.A., Mills Advisors, S.A., Trismas Foundation, Monterrey Management Limited, Tristaina Trading, S.A., Josland Investments, S.A., Megana International LTD., Highland Assets Corp., High Rise Proyects, S.A., Central Bertfort, S.A., Fundación Caixa Bella, Worldwide Traders Line, S.A., Red Bouquet Fundation, Calabria Overseas, S.A., I.S.B. Sociedad CS, S.A., Antigua Omega INC., Adriatic Global International, Oswald International Limited, Palmill Investments, S.A., Eagle Universal Corp., Tecal Trading INC., High and Low Profile, S.A., DT Investments and Consulting CV., Unovalores LTD., Lairholt Finance Limited.
La instancia judicial de Andorra también pidió al Ministerio Público de Venezuela determinar si el origen de los fondos ingresados en el Principado, responden a actividad empresarial lícita o, por el contrario, a servicios de intermediación que se limitan a conseguir contratos o condiciones mejores con empresas estatales a cambio de comisiones o beneficios que perciben autoridades o funcionarios públicos.
Esta solicitud, refiere la representante del Consejo Superior de Justicia del Principado de Andorra se formula de acuerdo a los efectos del artículo 18 de la Convención de Palermo, relativo a la asistencia judicial recíproca entre los estados parte del mismo.
Antecedentes del caso
Expone el tribunal que entre los años 2006 y 2012 se efectuaron una serie de operaciones financieras, a saber transferencias, que las investigaciones señalan que están relacionadas entre sí. Agrega que el denominador común era que todas las persones físicas son de nacionalidad venezolana, mientras que las sociedades utilizadas para llevar a cabo las transferencias de fondos del extranjero en el Principado de Andorra o viceversa, son mayoritariamente de Panamá, Belice o Islas Vírgenes Británicas.
El sistema bancario andorrano está siendo utilizado para transferir a través de sus cuentas el dinero proveniente o destinado internacionalmente, con el objetivo de hacer difusa su procedencia real. Refiere el documento que para el momento —2012— el importe de las transacciones financieras hacia Andorra sumaba unos 1.350 millones de euros que se movilizan tanto en la moneda europea como dólares estadounidenses.
Se presume que el dinero que circula internacionalmente tiene un origen delictivo de corrupción política y/o de funcionarios del estado venezolano, por lo que parte de los fondos también procederían presuntamente de contratos sobrevalorados en materia de seguros y de empresas públicas venezolanas.
Las personas físicas y jurídicas relacionadas con las investigaciones adelantadas por el tribunal andorrano se detectan en la Banca Privada de Andorra, BPA, en cuentas cuyos titulares son Diego Salazar Carreño, Nervis Villalobos, Omas Jesús Farías Luces, Luis Mariano Rodríguez Cabello, entre otros, quienes entre ellos mantienen relaciones personales y económicas globales.
Estas relaciones pueden darse, bien a través de las personas físicas, ya sea entre les personas jurídicas, o entre las cuentas bancarias de las persones siguientes: Luis Mariano Rodríguez Cabello, Estibaliz Basoa de Rodríguez, Diego José Salazar Carreño, Rosycela Díaz Gil, Omar Jesús Farías Luces, José Luis Zabala, José Enrique Luongo Rotundo, Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas.
También a través de las cuentas de las siguientes empresas: Memoser Compañía de Seguros. S.A., Wetshore International Limited, Baychester Invesments, S.A., Baluja International Limited, Lutmill International S.A., Fundación Tierramar Hall, Vida y Patrimonio Corretaje de Seguros, S.A., ISB Sociedad de Corretaje de Seguros y Reaseguros, C.A., Lomond Overseas, S.A., Mills Advisors, S.A., Trismas Foundation, Monterrey Management Limited, Tristaina Trading, S.A., Josland Investments, S.A., Megana International LTD., Highland Assets Corp., High Rise Proyects, S.A., Central Bertfort, S.A., Fundación Caixa Bella, Worldwide Traders Line, S.A., Red Bouquet Fundation, Calabria Overseas, S.A., I.S.B. Sociedad CS, S.A., Antigua Omega INC., Adriatic Global International, Oswald International Limited, Vamshore Enterprises LTD., Palmill Investments, S.A., Eagle Universal Corp., Tecal Trading INC., High and Low Profile, S.A., DT Investments and Consulting CV., Unovalores LTD., Lairholt Finance Limited, Javier Alvarado Ochoa.
Expolio de PDVSA
Las investigaciones que ha seguido la juez Canòlic Mingorance dan a conocer la manera en que exfuncionarios del gobierno de Hugo Chávez y sus testaferros expoliaron el presupuesto de Petróleos de Venezuela, mediante el pago del milmillonarios sobornos que abonaron entre los años 2007 y 2012 en un entramado de 37 cuentas suscritas por empresas de maletín inscritas en Panamá en la Banca Privada d’Andorra, que sirvieron para enmascarar la cruenta puñalada que habían asestado al erario de la petrolera. De allí, el dinero se redireccionaba a paraísos fiscales como Suiza o Belice.
Ante las autoridades bancarias, Nervis Villalobos y su sequito se presentaban como asesores que cobraban por sus servicios, pero la investigación demuestra que tales asesorías nunca se produjeron y los supuestos informes presentados por los involucrados para justificarse no pasaban de una hoja y media por los cuales cobraron cantidades millonarias.
La juez Mingorance estima que estas personas llegaron a cobrar comisiones de entre el 10 y el 15 por ciento a compañías extranjeras que eran favorecidas con contratos de PDVSA.
A pesar de tratarse de funcionarios públicos venezolanos, la BPA no tomó las previsiones del caso y solamente se limitó a abrir las cuentas bajo sospecha, pese a que la unidad de fiscalización interna advirtió de que se trataba de clientes en condición de Personas Políticamente Expuestas (PEP), término como se denomina a quienes han ocupado cargos públicos y deben ser sometidas a controles especiales para evitar la legitimación de capitales.
Nervis Villalobos es el funcionario sobre el cual la juez Mingorance ha centrado su atención al ubicarlo como el líder de la red. Este se encuentra detenido en Madrid y aguarda por una decisión judicial de extradición en virtud de que es solicitado por las autoridades de Estados Unidos.
La policía de investigación de Andorra ha establecido que Villalobos constituyó 11 sociedades instrumentales y abrió 12 cuentas en la BPA que recibieron 124,2 millones de euros.
Entretanto, Javier Alvarado, manejó cinco cuentas y cuatro sociedades que percibieron 46,5 millones de euros.
Diego José Salazar fue el titular de siete cuentas y seis sociedades que movilizaron 21,2 millones de euros.
Los depósitos de Oscar Farías Luces alcanzaron los 586 millones de euros.
Todas las personas investigadas lograron sacar sus fondos de la BPA antes de que la institución resultara intervenida.
Pero las investigaciones continúan y le siguen el rastro a los fondos, así como a los movimientos de cuentas de otras personas relacionadas con los protagonistas de la trama que figuran con un carácter secundario en la averiguación pero que podrían ser claves para determinar cómo sucedieron los hechos y conocer el destino del dinero.
Lo cierto es que en todas las investigaciones el nombre de Rafael Ramírez, expresidente de PDVSA y exministro de Energía y Petróleo siempre sale a relucir pese a no tener cuentas en la BPA ni figurar entre los directamente involucrados.
Las investigaciones a la cúpula de Petróleos de Venezuela en tiempo del gobierno de Hugo Chávez se han extendido y ahora también la Audiencia Nacional de España le puso la lupa a una querella presentada por la actual dirección de la estatal contra Rafael Ramírez y otros exdirectivos por el delito de blanqueo de capitales, refiere una nota de El Mundo[7].
El caso, que se mantiene en secreto sumarial por la juez instructora, Carmen Lamela, indaga las presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos de la PDVSA y transferencias de dinero —algunas provenientes de Estados Unidos— realizadas a España por los involucrados.
Mientras tanto en Venezuela, el fiscal Tarek William Saab, impuesto por la irrita Asamblea Nacional Constituyente, anunció que librará orden de captura contra Ramírez, en lo que parece, más que una lucha por la justicia, una guerra entre facciones del chavismo que, por ahora, se percibe como larga y encarnizada.
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